miércoles, 25 de mayo de 2016

El concejal Julián Saudí es denunciado por los presuntos delitos de “prevaricación y usurpación de un local municipal” inmueble”

ECI. La denuncia, formulada por el también edil, Diego Gallardo, ante la Guardia Civil se sustenta después de negar el acceso a la sede de la formación política tras el cambio de cerradura en el inmueble por parte del denunciado. 

Fachada del local municipal antiguo ayuntmaiento de Illescas


El edil de Illescas Si Puede Diego Gallardo ha denunciado los hechos a la Guardia Civil y ha hecho constar que Saudí es autor de un supuesto delito usurpación de bien inmueble, así como de un supuesto delito de prevaricación administrativa”.

Gallardo asegura estar siendo víctima de una campaña de “acoso y derribo” por parte del gobierno local y de su socio de gobierno, Julian Saudí, ahora denunciado por los presuntos delitos mencionados.

El  pasado día 20 al mediodía, al local del que dispone la formación en el antiguo ayuntamiento le habían cambiado la cerradura por lo que el edil de ISP no pudo acceder a la sede de la agrupación. Gallardo se puso en contacto con Saudí quien le confirmó ser el autor del cambio, justificando esta decisión en que “el local pertenece a su uso y disfrute al cargo que él ostenta” y “autoadjudicándose la titularidad del uso de dicho  local. Cabe recordar, en este sentido, que a principios de año el edil Diego Gallardo fue destituido de las áreas que dirigía como socio de gobierno de los socialistas, tras la polémica al desmarcarse éste de la política del gobierno local socialista. Para Gallardo desde este momento se inició una campaña de “acoso y derribo contra su persona, como concejal”.

Como concejal, Gallardo asegura tener derecho de uso de las dependencias municipales, tal y como marca el reglamento, para desarrollar su trabajo como concejal del consistorio. En el mismo edificio, tienen también su sede otros grupos como el de Ciudadanos. 

Para el edil los responsables “tendrán que dar cuentas en los juzgados y responder así de la campaña de acoso y derribo” por parte del equipo de gobierno, “que le impide hasta su participación en las sesiones plenarias”, no dándole el uso de la palabra.

Gallardo espera que “sea la ley la que haga cumplir la democracia” ante la imposibilidad de su participación de la vida municipal con hechos como la negativa al uso de las instalaciones para el desempeño de su trabajo como concejal. Es por esto que para el edil, la negativa a que pueda acceder a las dependencias municipales, es un hecho constitutivo de los delitos de “usurpación y prevaricación administrativa”.